Memes de España, Basado en noticias políticas
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No sigo actualizando videos de memes en youtube por que constantemente me retira vídeos, por inflinjir la politica de youtube, cuando en twitter.com/pateandoespana, nunca me han censurado nada, ni en facebook, ni en instagram, vamos que dejo de subir videos a youtube de memes por la censura de esta red limita a los creadores y los deja sumidos en una canal de marujeo tipo tele 5.
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Charla coloquio de Izquierda Unida y Colectivo de convergencia
en Tarazona 17-10-2014
Manifestación en Tarazona Huelga general 2010
Huelga general en Tarazona Haciendo hora para la manifestación
Recorrido por las calles con la Manifestación: 1 2
Pleno Julio de Tarazona 2010
Transporte urbano con autobús: 1 2
Recaudación del Transporte urbano con autobús
Créditos y servicios en precario
Enmienda del psoe en contra del tijeretazo del gobierno: 1 2
Pleno de junio de Tarazona 2010
Duración total del pleno 1 hora
Bajada del sueldo operarios ayuntamiento
Ruegos y preguntas responde el Alcalde
La política de España es el conjunto de condiciones y administrativas que las leyes de España dictan para el funcionamiento que los órganos legislativos consideran apto para el país. De acuerdo a la clasificación de sistemas de gobierno en el mundo, España posee la forma de monarquía parlamentaria, pues su poder legislativo (representado en la figura de las Cortes Generales) ejerce el control del ejecutivo, así como funciones legislativas; con excepción de potestades legislativas gubernamentales, como los Reales Decretos Ley que deben en todo caso ser debatidos, convalidados o derogados por el Congreso de los Diputados en un plazo no superior a 30 días.1 En España, al igual que prácticamente todos los países de su entorno, no existe una democracia participativa o semidirecta, como por ejemplo en Suiza; aunque si es posible mediante la recogida de al menos medio millón de firmas proponer una iniciativa legislativa popular, que requiere para su aprobación someterse al debate y convalidación de las Cortes Generales.2
Es un sistema parlamentario, cuyos poderes emanan del pueblo español; en el que el candidato a Presidente del Gobierno debe ser aprobado al menos por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. El Presidente elegido permanece en el cargo mientras conserve la confianza de los diputados o se disuelvan las cámaras, bien por decisión suya o por conclusión de la legislatura.
Historia reciente
El expresidente Adolfo Suárez durante una visita efectuada a Buenos Aires (Argentina) en otoño de 1981.
Durante esta época, se produce el cambio de régimen, de la dictadura franquista a la actual democracia. Siendo Presidente del Gobierno Adolfo Suárez se aprobó la Ley para la Reforma Política (1976) y la actual Constitución (1978). Suárez gobernó desde 1976 hasta 1981.
El 23 de febrero de 1981, algunos grupos rebeldes de la Guardia Civil tomaron el Congreso de los Diputados e intentaron imponer una dictadura militar. Sin embargo, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas Españolas permanecieron leales al rey Don Juan Carlos I, quien empleó la autoridad real para salvaguardar el orden constitucional3 y echar abajo el intento de golpe de estado. En ese momento, el poder ejecutivo recayó sobre Francisco Laína que ejerció como jefe de la Comisión Permanente de secretarios de Estado y de subsecretarios, conformando un gobierno provisional que asumió las funciones del ejecutivo.4
España se une a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a principios de 1982. En octubre de ese mismo año, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González Márquez, ganó las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado con mayoría absoluta. El PSOE también obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 1986 y 1989. González, al frente del PSOE, gobernó durante los siguientes 13 años. Durante su mandato se desarrolló el Estado del Bienestar, el modelo autonómico y se produjeron cambios importantes en política social, muy atrasada a causa de la dictadura. También, este periodo estuvo marcado por escándalos políticos de corrupción y de terrorismo de Estado (GAL). En 1986 España entró a formar parte de la Unión Europea (UE).
En marzo de 1996, el Partido Popular (PP) de José María Aznar fue el partido más votado, consiguiendo casi la mitad de los escaños en el Congreso. Aznar se propuso liberalizar la economía, con un programa de privatizaciones, reforma del mercado laboral, y medidas destinadas a incrementar la competitividad en ciertos mercados, principalmente el de telecomunicaciones. Durante la primera legislatura de Aznar, España consiguió los objetivos de la Unión Económica y Monetaria. Durante este periodo, España participó, junto con los Estados Unidos y otras naciones aliadas de la OTAN, en operaciones militares en la antigua Yugoslavia. España se propuso tomar parte en la Guerra de Kosovo en 1999, y las Fuerzas Armadas Españolas y algunas unidades de policía fueron incluidas en fuerzas de pacificación en Bosnia (IFOR, SFOR) y en Kosovo (KFOR).
El PP obtuvo la mayoría absoluta en las dos cámaras de las Cortes Generales en las elecciones de marzo de 2000. Este resultado permitió a Aznar formar un gobierno sin necesidad de coaligarse con otras fuerzas políticas como en su anterior legislatura. Aznar fue un firme defensor de las relaciones trasatlánticas y de la Guerra contra el terrorismo. Esta legislatura estuvo marcada por la agitación social producida por algunas leyes o decisiones (cambio de las leyes de Educación Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Guerra de Irak, Desastre del Prestige, atentados del 11-M) que ciertos sectores de la población no aceptaron. Para las elecciones de marzo de 2004 Aznar nombró a Mariano Rajoy (hasta entonces Vicepresidente 1º del Gobierno) como candidato del PP.
El PSOE ganó las elecciones y José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido Presidente del Gobierno. Tres de las medidas más importantes del Gobierno en el principio de su mandato fueron: la participación de la mujer en la mitad de los cargos del Consejo de Ministros, la retirada de las tropas españolas en Irak y la aprobación del matrimonio entre homosexuales.
A finales del 2011 se celebran las elecciones generales donde gana el PP (Partido Popular) con Mariano Rajoy a la cabeza, quedando éste como presidente del gobierno español, tomando posesión a principios del 2012.
Partidos y organizaciones políticas[editar]
Artículo principal: Partidos políticos en España
Los partidos políticos y coaliciones que actualmente cuentan con representación en el Congreso , el Senado o el parlamento europeo son:
Amaiur
Bloque Nacionalista Galego (BNG)
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C's)
Coalición Canaria (CC)
Coalició Compromís-Equo (Compromís-Q)5
Chunta Aragonesista (CHA)
Convergència i Unió (CiU)
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Foro Asturias (FAC)
Geroa Bai (GeBai)
Izquierda Unida (IU)
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)
Partido Popular (PP)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Podemos
Unión del Pueblo Navarro (UPN)
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Existen otros muchos partidos políticos y coaliciones presentes únicamente en ayuntamientos o parlamentos autonómicos en la actualidad, al margen de los citados anteriormente.
En 2002 se aprobó la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos en la que se impide el soporte de organizaciones terroristas a través de partidos políticos. Mediante esta ley ha sido ilegalizada la agrupación política Batasuna, y anuladas las listas electorales de formaciones como Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) y Aukera Guztiak (AG).
Democracia directa[editar]
Véanse también: Democracia directa y Referendos en España.
La Constitución Española en su artículo 1.2 establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y en su artículo 23.1 que "los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes".6
El artículo 92 permite referéndums consultivos, que si bien no son imperativos, constituyen una decisión trascendental decisiva, puesto que la desautorización de su resultado acaecería repercusiones políticas incomponibles.7 Los referéndum vinculantes son obligatorios en dos situaciones: primera, para la reforma de ciertos estatutos de autonomía, bien sea por tratarse de una comunidad autónoma constituida bajo el amparo del artículo 151 o bien sea porque así se haya recogido explícitamente en su estatuto; segunda, por tratarse de una reforma constitucional que conlleve una modificación que afecte a partes fundamentales de la misma, tal como estipula el artículo 168 (reforma agravada), o cuando, a través del artículo 167 (reforma ordinaria), la futura revisión sea solicitada, a someterse a plebiscito, por el 10 % de una de las cámaras de las Cortes Generales. Además el artículo 168 recoge la obligatoriedad de unas nuevas elecciones generales para constituir unas nuevas Cortes, que serán las encargadas de proceder a examinar el texto y ratificarlo, antes de someterlo a referéndum nacional.
Se han celebrado tres referéndum a nivel nacional desde la aprobación de la Constitución: el exigido para su ratificación en 1978, el de acceso a la OTAN, que fue consultivo, y el que inquiría sobre la aprobación del Tratado de Constitución Europea de 2005, también consultivo.
En la carta magna se recoge la Iniciativa Legislativa Popular (art. 87 de la Constitución y Ley Orgánica de la Iniciativa Legislativa Popular8 ). Tras la recogida de 500 000 firmas los promotores de la iniciativa proponen al Congreso de los diputados su discusión.
Poder legislativo[editar]
Artículo principal: Cortes Generales
Entrada al Congreso de los Diputados, cámara baja del poder legislativo español.
El poder legislativo recae en las Cortes Generales, asamblea bicameral compuesta por el Congreso de los Diputados y el Senado. Representan al pueblo, ejercen la responsabilidad legislativa y aprueban los presupuestos.
El Senado es la cámara alta, integrada por un número variable de senadores, de los que uno es electo por la legislatura de cada Comunidad Autónoma, y otro más por cada millón de habitantes.
También hay senadores de elección directa por el pueblo. Cuatro por cada provincia, tres por cada una de islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, 1 senador por cada una de las islas o agrupaciones de ellas de Ibiza-Formentera y Menorca en las Islas Baleares, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote (incluyendo a La Graciosa y las islas menores) y La Palma por las Islas Canarias y 2 Senadores por cada una de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
El Senado dura cuatro años en ejercicio, tiene funciones de integración territorial, legislativa y política.
El Congreso es la cámara baja, pero tiene más poderes que el Senado. Quizás el más importante es el de ratificar la propuesta que el Rey hace del Presidente del Gobierno, así como retirarle la confianza.
El Congreso de los Diputados está compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, siendo su número actual de 350 por determinación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, aprobada en 1985.
Los Diputados son elegidos en cada circunscripción electoral, que tiene atribuida una representación mínima inicial y un número adicional de escaños con arreglo a su población; la circunscripción electoral ordinaria es la provincia. En el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no se cuenta la circunscripción provincial. Cada una de estas ciudades está representada por un Diputado. Los diputados duran en su encargo cuatro años, o bien su mandato puede terminar el día que las Cortes sean disueltas por el Rey, a petición del Presidente.
Pedro Calvo Asensio (1821-1863) diputado, periodista, escritor y doctor en farmacia, fue uno de los políticos españoles más influyentes del siglo XIX. Vemos su imagen en un billete de la Lotería Nacional.
El régimen de elección de los Diputados hace del Congreso una Cámara de representación popular y con un carácter netamente político, por lo que es el auténtico centro de la vida pública española y el escenario donde se protagonizan los debates y votaciones de importancia grave. Además, las facultades que la Constitución atribuye al Congreso sin intervención del Senado realzan dicho carácter político, dado que al Congreso en exclusiva corresponde otorgar y retirar la confianza de las Cortes Generales en el Gobierno y dirimir los conflictos que surjan entre las Cámaras en la elaboración y aprobación de las Leyes. El voto de los Diputados es personal e indelegable (artículo 79.3 Constitución).
Poder ejecutivo[editar]
Véase también: Administración Pública de España
Es dirigido por el consejo de ministros, que tiene tantos ministerios como establezca el real decreto de estructura aprobado por el presidente del gobierno de acuerdo con las necesidades del país en el momento. Su finalidad consiste en hacer cumplir las leyes aprobadas por el poder legislativo, así como planear y ejecutar el programa de gobierno y dirigir la administración pública a tal fin.
El Presidente del Gobierno es la denominación de un cargo del poder ejecutivo, que sirve como jefe de gobierno en algunos países con sistema parlamentario (España) o semipresidencialista (Rusia).
Aunque a nivel internacional se lo considera equivalente a otras denominaciones, como Primer Ministro (Reino Unido, Francia, etc...), Canciller (Austria, Alemania) o Presidente del Consejo de Ministros (Italia y otros), las funciones no son necesariamente las mismas. Por ejemplo, en España el Presidente del Gobierno no es primus inter pares, como suelen serlo los Primeros Ministros, como el de Reino Unido, sino un verdadero e indiscutido jefe del gobierno.[cita requerida]
Presidentes constitucionales del Gobierno de España[editar]
Presidente Partido Mandato
1. Adolfo Suárez UCD 2 de abril de 1979 - 26 de febrero de 1981
2. Leopoldo Calvo-Sotelo UCD 26 de febrero de 1981 - 2 de diciembre de 1982
3. Felipe González PSOE 2 de diciembre de 1982 - 5 de mayo de 1996
4. José María Aznar PP 5 de mayo de 1996 - 17 de abril de 2004
5. José Luis Rodríguez Zapatero PSOE 17 de abril de 2004 - 21 de diciembre de 2011
6. Mariano Rajoy PP 21 de diciembre de 2011 - Actualidad
Ministerios[editar]
Artículo principal: Ministerios de España
Los Reyes de España.
Los ministerios son la forma de organizarse del poder ejecutivo. Es una organización dinámica, y cambia según los intereses de los gobiernos que los nombran. Por tanto toda lista de ministerios puede quedarse obsoleta. Los de antiguas legislaturas están en Ministerios de España. Actualmente son los siguientes [1]:
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (José Manuel García-Margallo y Marfil)
Ministerio de Justicia (Rafael Catalá Polo)
Ministerio de Defensa (Pedro Morenés Eulate)
Ministerio de Economía y Competitividad (Luis de Guindos Jurado)
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Cristóbal Montoro Romero)
Ministerio del Interior (Jorge Fernández Díaz)
Ministerio de Fomento (Ana María Pastor Julián)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (José Ignacio Wert Ortega)
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (María Fátima Báñez García)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (José Manuel Soria López)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Isabel García Tejerina)
Ministerio de la Presidencia (Soraya Sáenz de Santamaría)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alfonso Alonso)
Poder judicial[editar]
Véase también: Poder judicial de España
Es el conjunto de juzgados y tribunales que tienen la potestad de administrar justicia en nombre del Rey. El Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno de la justicia. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Carta Magna. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes excepto en materia de garantías constitucionales.
Exclusivamente a dichos juzgados y tribunales corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. En ejercicio de dicha potestad, los juzgados y tribunales conocen y deciden todos los procesos jurisdiccionales de los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. El conocimiento y decisión de dichos procesos consiste en la tramitación y pronunciamiento sobre el fondo del asunto que les planteen las partes, sean éstas autoridades o particulares.
También, en los casos en que la ley así lo permite, los juzgados y tribunales se encargan del conocimiento y decisión de asuntos que no suscitan contienda entre partes, en los denominados procesos de jurisdicción voluntaria, regulada actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Estos son principalmente la protocolización de testamentos ológrafos (escritos por el testador «de su puño y letra») y otros actos civiles que requieren intervención judicial.
Asimismo, Jueces de Primera Instancia y, en su caso, los Jueces de Paz, tienen a su cargo los Registros del Estado Civil, siendo responsables de la custodia y llevanza de los libros que registran el nacimiento, estado civil, los hechos que afecten a la capacidad de obrar y la defunción de las personas.
Principios[editar]
La Constitución garantiza el respeto a los principios esenciales necesarios para el correcto funcionamiento del Poder Judicial; estos principios son la imparcialidad, la independencia, la inamovilidad, la responsabilidad y la legalidad.
Principio de imparcialidad: En garantía de la tutela judicial efectiva asegurada a todos los ciudadanos por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial proscribe la intervención de Jueces y Magistrados en el conocimiento y decisión de asuntos en los que puedan tener interés como parte, bien sea a título personal o como representantes de otras personas. Los Jueces y Magistrados están obligados a abstenerse de conocer o decidir tales asuntos, y en caso de no hacerlo pueden ser recusados por la parte que se crea perjudicada; un Tribunal superior jerárquicamente decidirá el incidente de recusación y, en caso de encontrar fundado su planteamiento, apartará al Juez o Magistrado recusado de la causa.
Son causas de recusación, entre otras, la amistad íntima o enemistad manifiesta del Juez o Magistrado con las partes o sus abogados, procuradores, peritos y testigos; también lo es el parentesco hasta el cuatro o segundo grado consanguíneo, según los casos, con las mismas personas.
Principio de independencia: Los juzgados y tribunales son independientes de toda autoridad o persona en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, incluso respecto de tribunales superiores y de los órganos de gobierno del poder judicial.
Principio de inamovilidad Los jueces y magistrados son inamovibles y no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por las causas y con las garantías establecidas en la ley.
Esto quiere decir que, fuera de dichas causas y con arreglo a ese procedimiento, nadie puede impedir temporal o definitivamente a un Juez o Magistrado la permanencia en su cargo y el libre ejercicio del mismo, es decir, se proscribe toda forma de interferencia en la Carrera Judicial.
Principio de responsabilidad: Los jueces y magistrados son personalmente responsables por las infracciones disciplinarias y penales que cometan en el ejercicio de sus funciones; esta responsabilidad sólo puede exigirse por la vía desciplinaria legalmente establecida, sin interferencia de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, o a través del procedimiento penal ordinario.
Principio de legalidad: En el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, los jueces y magistrados están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, al igual que el resto de autoridades y que el conjunto de los ciudadanos.
Como principio informador de los procesos judiciales, no expresamente recogido en el art. 117.1 CE:
Principio de contradicción Principio que inspira el desarrollo de los procesos judiciales y que consiste en la posibilidad de las partes de discutir los aspectos jurídicos y fácticos de la controversia.
Percepción ciudadana[editar]
En España desde 2009 se registró un notorio empeoramiento de la imagen de los políticos ante la opinión pública, hecho que han reflejado numerosas encuestas que opone a una visión positiva de los políticos como personas al servicio del bien común, una visión basada en la creencia de que las personas acceden a la política para servirse del pueblo más que para servirlo y con el objetivo de adquirir, mantener y gestionar el poder en instituciones o ámbitos públicos con fines propios. Prueba de ello son los numerosos casos de corrupción política, así como los resultados obtenidos por la clase política en las encuestas generales de opinión.
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Corrupción en España
Se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios públicos en beneficio propio y/o ajeno, tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía a la que debían servir y beneficiar. La corrupción ha ocupado la atención de la sociedad española, contribuyendo incluso a derribar a gobiernos como los de Alejandro Lerroux con el escándalo del estraperlo y el asunto Nombela (1935), o los de Felipe González por el caso Filesa o el caso Roldán.1 No obstante, la corrupción política ha sido una constante desde la aprobación de la Constitución española de 1978 hasta nuestros días, pervirtiéndose el sistema democrático y debilitándose la confianza de la Sociedad en sus representantes públicos.2
Índice de Percepción de Corrupción de España. Los datos están normalizados a un rango entre 0 y 100.
Desde 1995, Transparencia Internacional publica anualmente un índice sobre la percepción de la corrupción en todos los países del mundo. La estadística muestra cómo la población evalúa la corrupción en su país de 0 a 100, donde 0 indica máxima corrupción y 100 máxima transparencia, aunque entre 1995 y 2011 el rango era entre 0 y 10. En 2008 España obtuvo una nota de 6,5 sobre 10, seis décimas menos que el máximo obtenido en 2004, y que corresponde al puesto 28 en una lista de 180 países, ocupando el 14º entre los 25 miembros de la Unión Europea.3 Para 2015, el índice de España se había deteriorado a 58 sobre 100.4
La corrupción en España en el transcurso de la historia[editar]
Reinado de Felipe III[editar]
Encontramos los primeros vestigios históricos de corrupción en el Siglo de Oro por medio de la literatura picaresca castellana. El período en que el duque de Lerma ejerció el gobierno de España en nombre de Felipe III fue uno de los más notoriamente corruptos. Se destacaron los casos de Pedro Franqueza, Rodrigo Calderón y el propio duque de Lerma.
Siglo XIX[editar]
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Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Este aviso fue puesto el 24 de mayo de 2009.
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La reina regente María Cristina de Borbón se hizo célebre por su participación en negocios turbios que favorecieron el rechazo entre el pueblo y los políticos. Participó en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles e, incluso, con la ilegal trata de esclavos, en los que participaba también Narváez. Se llegó a afirmar que no había proyecto industrial en el que la Reina madre no tuviera intereses. Su fortuna se estimaba en 300 millones de reales. [cita requerida]
Segunda República Española y Guerra Civil Española (1931-1939)[editar]
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El 5 de octubre de 1931, Joaquín del Moral[cita requerida], posteriormente Inspector de Presidios y Prisioneros durante la Dictadura de Franco, implicado en el golpe militar de 1932 e íntimo amigo de Sanjurjo;5 dio una conferencia titulada Inmoralidad Política en el Ateneo de Madrid (posteriormente recogida en su obra Oligarquía y enchufismo) dando las sumas acumuladas por las minorías del Gobierno: en total, el PRR, el PSOE, PRS, AR y ERC se repartían 24 millones de pesetas (41 millones de euros de 2006) anuales.
Los gastos de coches oficiales importaban 11.295.000 pts. en el presupuesto aprobado el 28 de diciembre de 1932. Se habían comprado 31 coches Chrysler, con un coste total de 950.000 pts, de ellos 8 del modelo Imperial, con motor de ocho cilindros y, lujo inaudito, radio incorporada, a 70.000 pts. (120.000 €) cada uno. A preguntas de Gil-Robles reconocía el Ministro que, cuando los republicanos llegaron al poder, había 58 coches oficiales en Madrid, y ahora serían 741, con una plantilla de 760 conductores. El gasto de gasolina era de 3.000 litros diarios. En palabras de Julio Camba, (Haciendo de República; Madrid, 1934), periodista del diario ABC opuesto a la Segunda República Española y que se sumó al bando franquista en la Guerra Civil Española:
"…una cosa es tener automóvil cuando se es, por ejemplo, ministro, y otra cosa es hacerse ministro para tener un automóvil. El automóvil de los ministros no puede ni debe ser nada más que un instrumento de trabajo y, si en rigor, es admisible el que, dentro de un régimen cualquiera, se haga ministro a un señor cuyo programa político se reduce a pasear a la familia dentro del coche oficial, la cosa en cambio, resulta inadmisible de todo punto cuando para hacer ministro al señor en cuestión ha habido necesidad de transformar por completo los fundamentos del Estado (...) Está muy bien, en fin, que los servicios públicos se retribuyan con holgura; pero, si se hace una revolución para encargarse de los servicios públicos y luego resulta que al encargarse de estos servicios públicos no se perseguía otra finalidad más que la de retribuirlos con holgura, la cosa varía."
El escándalo del estraperlo y el asunto Nombela (1935), supusieron el derrumbe del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux6
Durante ésta, el gobierno republicano, enfrentado al embargo de armas impuesto por el Comité de No Intervención, tuvo que recurrir a dudosos canales de compra, lo que hizo que sus agentes hubieran de gastar enormes sumas de dinero, parte del cual se desvió de forma irregular, en la compra de armas y suministros en el extranjero, siendo los casos de corrupción más sonados los de la Comisión de Compras de París y la CAMPSA Gentibus. Indalecio Prieto, Juan Negrín y varios de sus hijos habrían estado presuntamente implicados en estos casos de corrupción.7 Según el anarquista Diego Abad de Santillán: "Si el Gobierno Negrín hubiese tenido que responder de su gestión política, económica y financiera habría tenido que terminar ante el pelotón de fusilamiento". Según don Francisco Largo Caballero: "El señor Negrín, sistemáticamente, se ha negado siempre a dar cuenta de su gestión, (…) de hecho, el Estado se ha convertido en monedero falso. ¿Será por esto y por otras cosas por lo que Negrín se niega a enterar a nadie de la situación económica (...) Desgraciado país, que se ve gobernado por quienes carecen de toda clase de escrúpulos. (...) con una política insensata y criminal han llevado al pueblo español al desastre más grande que conoce la Historia de España. Todo el odio y el deseo de imponer castigo ejemplar para los responsables de tan gran derrota serán poco."8
Diversos autores califican también de corrupción el episodio del Tesoro del yate Vita, contado por el socialista Amaro del Rosal, ex director de Caja General de Reparacaciones.
Franquismo (1939-1975)[editar]
Durante la guerra, España sufrió un hundimiento de la producción agrícola e industrial, adquiriendo una gran importancia el mercado negro, llamado estraperlo en recuerdo de aquel famoso escándalo. La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta[cita requerida]. En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder[cita requerida]. Todo ello en medio de una total impunidad[cita requerida]. Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria[cita requerida].
Caso Barcelona Traction: fue un plan político urdido con objeto de que Juan March Ordinas, cuyo apoyo fue determinante para afianzar la causa nacional en los primeros momentos de la Guerra Civil Española, se apropiara de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd. (conocida históricamente como La Canadiense) como retribución. El 12 de febrero de 1948 tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas Eléctricas de Cataluña y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y el último pirata del mediterráneo (sic) según la prensa extranjera.
Estraperlo: bajo este nombre se conoce el contrabando dirigido desde las mismas instituciones del Estado, así como la venta ilícita de las licencias de importación y exportación, de gran importancia en un régimen mercantilista y autárquico. Se destacó el Ministro de Comercio Manuel Arburua, que "empezó de botones y ahora es archimillonario" según el propio Caudillo.
La agenda Rivara: tras casi dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo, los proyectos de liberalización económica hicieron temer a las grandes fortunas, que colocaron clandestinamente más de 70.000 millones de pesetas de la época en cuentas secretas de la banca suiza. Por una casualidad, en diciembre de 1958, el enlace suizo George Laurent Rivara fue detenido con una agenda que contenía los nombre de sus clientes españoles y el montante de sus operaciones. Tras ser parcialmente expurgada, la agenda quedó reducida a 872 nombres.
Caso de Manufacturas metálicas madrileñas: la quiebra de esta empresa, dedicada a la manufactura de cacerolas de aluminio, provocó un escándalo que implicaba por mala gestión a un hermano del Caudillo, Nicolás Franco, uno de los principales accionistas de la empresa. El gobierno impidió el proceso judicial, y resolvió la quiebra "en familia".
Caso Matesa: la quiebra de Maquinaria Textil del Norte de España S.A. dejó una deuda de más de 10.000 millones de pesetas con un banco público, el Banco de Crédito Industrial, y abrió una crisis gubernamental sin precedentes en el franquismo, debido a una campaña de prensa propiciada por la ley de Prensa de 1966 y atizada por la enemistad entre las familias del Régimen, en especial falangistas y tecnócratas. La comisión de investigación de las Cortes elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres ex ministros y un cuarto en activo.
Sofico: esta inmobiliaria fue creada en 1962 con objeto de construir apartamentos en la Costa de Sol, en especial en Estepona. Suspendió pagos en 1974 tras haber realizado ventas y participaciones de capital por valor de 13.000 millones de pesetas, dejando en la estacada a 4.000 empleados y 25.000 inversores. Ya en la democracia, en 1981, se declaró oficialmente que la quiebra fue una estafa y un fraude de ley.
También tuvo gran importancia la corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical.
Caso de Confecciones Gibraltar:
Periodo democrático[editar]
La Transición Española: los gobiernos de Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)[editar]
Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
Caso Fidecaya: un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989.9
Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)[editar]
Ya cuando llegó al poder, Felipe González anuncio unas auditorías de infarto, refiriéndose a casos de corrupción en el Gobierno de la UCD. Durante los últimos años de su gobierno (especialmente en la IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos y famosos escándalos de corrupción:
Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.10
Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).11
Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.12
Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.13
Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.14
Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.15 Posteriormente fue desglosado en:
Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla;16 a su vez desglosado en:
Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte de SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.17
Otros 3 sumarios.
Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.18
Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.19
Operación Mengele: presunto secuestro y experimentación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.20
Caso Guerra: juicios a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.,21 de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país en muchos años.
Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.22
Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.23
Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiencia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.24
Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.25
Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.26
Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.27
Caso Cementerio: privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete, primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. Referencias en la Biblioteca de documentos sobre el Cementerio de la Almudena.28 En Prensa.29 Última sentencia del supremo.30 IU UPyD y PSOE en vídeos y La Plataforma PRO CEMENTERIOS MUNICIPALES denuncian el abandono del patrimonio.
Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.31
Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Instituto Catalán de Finanzas, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.32
Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.33
Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.34
Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.35
Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.36
Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción.37
Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.38
Caso Paesa, vinculado al anterior.39
Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.40
Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.41
Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.42
Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.43
Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.44
Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)[editar]
Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:
Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso fue archivado en 2002.45
Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.46
Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo del lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.47
Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.48
Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.49
Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.50
Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.51
Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.52
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)[editar]
Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
Partido Lugar Caso de presunta corrupción Enlace(s) Dinero público presuntamente estafado
GIL Andalucía Caso Malaya (desde 1991 hasta 2006) * ´Caso Malaya´: El saqueo a Marbella es de 500 millones
La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca 500 M€ robados
671,4 M€ blanqueados
GIL Andalucía Deudas con Hacienda y la Seguridad Social * Los antiguos ayuntamientos del GIL acumulan más de la mitad de la deuda de los municipios con la Seguridad Social 383,4 M€
PSOE 17 ayuntamientos Tramas urbanísticas * Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas ???
PSOE Andalucía Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos * Mapa de corrupción del PSOE en Andalucía ???
PP Madrid, Valencia Caso Gürtel * La 'Gürtel' costó 120 millones al erario público 120 M€ recaudados por la trama
48,1 M€ blanqueados
PP Balears Gobierno de Jaume Matas * La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados 46,9 M€ sólo en 8 casos de los investigados
PP Diversos ayuntamientos Recalificaciones y adjudicaciones presuntamente irregulares. * Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP ???
PSC(PSOE)+CIU Cataluña Caso Pretoria * El ‘caso Pretoria’ dejaba una media de 10 millones de euros en cada "pelotazo" 44 M€
PP Salamanca Constructores con trato de favor * El Ayuntamiento de Salamanca deja prescribir una deuda a un constructor amigo del alcalde 1.160.000€
PP Salamanca Constructores con trato de favor * El Ayuntamiento de Salamanca perdona 20 millones de euros a los constructores 20 M€
Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.53
Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.54
Caso Bolín: condena del ex alcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (2008).55
Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.56
Caso Sayalonga: en 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000.57
Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.58
Caso Alzoaina: el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.59
Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.60
Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.61
Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.62
Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.63
Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación de dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco a cambio de subvenciones,64 una acusación de la que el ministro fue finalmente absuelto.65
Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.66
Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.67
Caso Cambil: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.68
Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.69
Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.70
Caso Nóos: derivación en 2010 del caso Palma Arena referente al fraude fiscal presuntamente cometido por Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, acusado también de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.71 La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.72 Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas de Urdangarin.73
Caso Tótem: Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.74
Operación Biblioteca: Detenido el Alcalde de Aledo (Murcia) y otros.75
Caso Brugal: investigación iniciada en 2006 sobre delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencia en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante.76
Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...)[editar]
Durante el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
Caso Emarsa: presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados al Partido Popular de la empresa Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.77
Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.78
Operación Pokémon: investigación judicial desarrollada en Galicia desde 2012 en relación con distintos episodios de supuesta corrupción, en la que se vieron envueltos algunos políticos gallegos, como el alcalde de Orense, Francisco Rodríguez, el alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, y concejales de varios ayuntamientos.79
Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.80
Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.81
Caso Alcorcón: según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.82
Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo83 publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009.84 85 Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios.86 Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,5 millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.87
Caso Amy Martin: en enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas.
Tarjetas opacas de Caja Madrid: El caso de las tarjetas opacas o tarjetas black fue un escándalo que saltó a la luz en octubre de 2014, por el cual se desveló que la práctica totalidad de los consejeros de Caja Madrid (y posteriormente Bankia) durante al menos las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, habían dispuesto de una tarjeta de crédito del tipo "Visa Black" otorgada por la entidad con la que habían llevado a cabo durante años cargos personales valorados en cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros, y presumiblemente, sin declarar a Hacienda ninguno de ellos. Las tarjetas Visa de la serie Black son el producto más lujoso que oferta la firma y están diseñadas para fortunas multimillonarias.88
Operación Púnica: operativo policial en octubre de 2014 por el que la Guardia Civil detuvo a 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales.89
Caso Terra Natura Benidorm: En julio de 2009, la comisión ejecutiva de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), ya desaparecida, firmó un convenio con Terra Natura Benidorm que permite pagar el canon por uso de suelo público con entradas del parque. Así se compensaría una deuda de 1,2 millones de euros pendiente de percibir a 31 de diciembre de 2009, y el canon de los ejercicios 2010 y 2011. Según la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sigue pendiente de concretar la finalidad y uso de las entradas. Terra Natura Benidorm ocupa 320.000 m2 de suelo público y disfruta de una concesión de uso del suelo durante 75 años a cambio de un canon anual que debe pagar a la SPTCV.90 91 92
La corrupción española en el mundo de la ficción[editar]
Ibáñez se haría eco de estos sucesos en tebeos como El atasco de influencias, en 1991, Corrupción a mogollón, en 1994, y El Señor de los Ladrillos, en 2005.
En el cine español también pueden encontrarse ejemplos de películas que giran alrededor de la corrupción o la incluyen como elemento importante en sus tramas. Un par de ejemplos son El diputado (1978) de Eloy de la Iglesia, en la que la ultraderecha de la Transición lanza una trama para acabar con la carrera política de un brillante candidato de la izquierda; o La escopeta nacional (1978) de Luis García Berlanga, sobre un empresario catalán de porteros electrónicos que decide organizar una cacería en Madrid para hacer contactos dentro de una corte franquista de lo más surrealista.
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Puerta giratoria (política)
La expresión puerta giratoria designa de forma coloquial el hecho de que un alto cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público. Se conoce como puerta giratoria (como calco del inglés revolving door) al movimiento de altos cargos entre el sector público, el sector privado y viceversa.
En España[editar]
En España, la incidencia del fenómeno es considerable. De los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, tres de cada diez ministros dejan la política al cesar en sus cargos y se embarcan en actividades en la empresa privada, del Consejo de ministros al consejo de administración,2 en muchos de los casos en labores de representación y tareas de lobby, aunque también de dirección.3
Ejemplos de puerta giratoria en España
Nombre Cargo público ejercido Partido político Fecha de cese del cargo público Puesto en la empresa privada Fecha de contrato
Ángel Acebes Ministro de Administraciones Públicas PP 18/04/2004 Vocal consejo de administración de Bankia 27/07/20114
Felipe González Presidente del gobierno PSOE 4/05/1996 Consejero de Gas Natural 2010-20144
José María Aznar Presidente del gobierno PP 17/04/2004 Consejero de Endesa y News Corporation 2011-2014 y 2006-20144
José María Michavila Ministro de Justicia PP 18/04/2004 Consejero de Noatum (JP Morgan) 13/05/20115
Josep Piqué Ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología PP 27/04/2000 Presidente de Vueling, consejero de EADS 2007-2013,6 2012-20147
Juan Manuel Eguiagaray Ministro de Industria y Energía PSOE 6/05/1996 Consejo de Administración de EADS 19/07/20048 -20129
Luis Atienza Ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería PSOE 6/05/1996 Director de Red Eléctrica 08/07/200410
Miguel Boyer Ministro de economía PSOE 6/06/1985 Ex-presidente de Banco Exterior 18/07/198511
Narcis Serra Vicepresidente del gobierno PSOE 28/06/1995 Presidente de Caixa Catalunya 16/03/200512
Rodrigo Rato Ministro de economía PP 17/04/2004 Ex-presidente de Bankia y consejero de Telefónica, Banco Lazard y Banco Santander 2010-2012, 2013, 2007-2009, 2013-2014 respectivamente4
Elena Salgado Ministra de economía PSOE 22/12/2011 Consejera de Chilectra, filial de Endesa13 2011-20144
En España existe una ley de incompatibilidades vigente: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Según esta ley, los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años en los que existen una serie de limitaciones a la asunción de responsabilidades en empresas privadas, así como la obligación de presentar ante la "oficina de conflicto de intereses" un informe acerca de las actividades a realizar (art. 7). Además, deben abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público anteriormente ejercido.14
En la siguiente tabla se muestran políticos que han ocupado alguna vez un cargo en un consejo de administración de una empresa.15
Empresa Nombre Partido político
Banco Santander Abel Matutes15 PP
Iberdrola Ángel Acebes15 PP
Red Eléctrica de España Arantxa Mendizábal15 PSOE
Gamesa Benita Ferrero Waldner15 PP Austria
Acerinox Braulio Medel15 PSOE16
Iberdrola Braulio Medel15 PSOE
Banco Sabadell Carlos Jorge Ramalho15 CiU
PricewaterhouseCoopers Carmen Becerril15 PP
Criteria CaixaCorp David K. P. Li15 PSOE
Endesa Elena Salgado15 PSOE
Enagás Enrique Martínez Robles15 PSOE
Indra Estanislao Rodríguez-Ponga15 PP
Indra Felipe Fernández15 PP
Gas Natural Felipe González15 PSOE
Iberdrola Fernando Becker15 PP
Corporación MAPFRE Francisco Ruiz Risueño15 PSOE
Banco Santander Guillermo de la Dehesa15 PSOE
Amadeus_IT_Group Guillermo de la Dehesa15 PSOE
Criteria CaixaCorp Inmaculada Juan Franch15 CiU
Banco Santander Isabel Tocino15 PP
PricewaterhouseCoopers Jaume Matas Palou15 PP
Telefónica Javier de Paz15 PSOE
Técnicas Reunidas Javier Gómez Navarro15 PSOE
Acciona Javier Solana15 PSOE
Bolsas y Mercados Españoles Joan Hortalà15 ERC, CDC
PricewaterhouseCoopers Jordi Sevilla15 PSOE
Corporación MAPFRE José Antonio Moral Santín15 IU
Ebro Foods José Barreiro Seoane15 PSOE
Red Eléctrica de España José Folgado15 PSOE
Técnicas Reunidas José Lladó15 UCD
Enagás José Luis Olivas Martínez15 PP
Iberdrola José Luis Olivas Martínez15 PP
Corporación MAPFRE José Manuel Fernández Norniella15 PSOE
Endesa José María Aznar15 PP
Barrick Gold José María Aznar15 PP
International Airlines Group José Pedro Pérez-Llorca15 UCD
Telecinco José Ramón Álvarez Rendueles15
Enagás Joseba Andoni Aurrekoetxea15 PSOE
Abengoa Josep Borrell15 PSOE
Obrascón Huarte Lain Juan Miguel Villar Mir15
Banco Santander Luis Alberto Salazar Simpson15 PP
Red Eléctrica de España Luis Atienza15 PSOE
Repsol Luis Carlos Croissier15 PSOE
Endesa Luis de Guindos15 PP
PricewaterhouseCoopers Luis de Guindos15 PP
Telefónica Luis Fernando Furlán15 PSOE
Iberdrola Manuel Amigo15 PSOE
Endesa Manuel Pizarro15 PP
Red Eléctrica de España María Ángeles Amador Millán15 PSOE
Banco Santander Matías Rodríguez Inciarte15 PP
Red Eléctrica de España Miguel Boyer15 PSOE
CLH Miguel Boyer15 PSOE
Criteria CaixaCorp Miguel Noguer Planas15 CiU
Gas Natural Narcís Serra15 PSOE
Fomento de Construcciones y Contratas Nicolás Redondo15 PSOE
Endesa Pío Cabanillas Alonso15 PP
Enagás Ramón Pérez Simarro15 PSOE17
Endesa Rodolfo Martín Villa15 UCD
Corporación MAPFRE Rodrigo de Rato Figaredo15 PP
Telefónica Rodrigo de Rato Figaredo15 PP
International Airlines Group Rodrigo de Rato Figaredo15 PP
Bankia Rodrigo de Rato Figaredo15 PP
Acciona Tristan Garel-Jones15 Partido Conservador
Bankia Virgilio Zapatero15 PSOE
La puerta giratoria como delito[editar]
El término "puerta giratoria" toma un sentido especialmente peyorativo en la medida que se aplica a funcionarios que pasan de una administración que ejerce el control sobre una industria en particular a una empresa de dicha industria. En determinados países, esta práctica está sujeta a regulación o es considerada un delito.
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Mafia
Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares características independientemente de su origen o lugar de acción
La Mafia nació en la región de Sicilia,1 Italia, en donde se autodenominó Cosa Nostra, aunque agrupaciones similares fueron comunes en Irlanda, Reino Unido y Estados unidos. En su origen era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido es la omertà o ley del silencio.
Según el historiador Paul Veyne el Imperio Romano tenía la estructura de una gran mafia, en la cual no existían restricciones para la ley del más fuerte y sólo el clientelismo permitía la supervivencia de los débiles, pobres o pequeños. El fraude, la estafa, el robo y la violencia, incluyendo las violaciones, no eran considerados delitos criminales (penales) sino privados (civiles) y, al no existir la policía, cada ciudadano debía tomarse la justicia por mano propia. Los jueces se dedicaban únicamente a dirigir el proceso para que un jurado decidiera la inocencia o culpabilidad pero la búsqueda del culpable así como la ejecución de la sentencia corría por cuenta de la víctima. No existía un poder público que pudiera poner un límite a una venganza personal. No existía un estado como lo conocemos ahora, el imperio estaba dominado por clanes. Todos estaban bajo la protección de otro jefe más fuerte. El derecho romano era una acumulación de jurisprudencias, muy diferentes en cada región del imperio. Lo único invariable era el proceso. Por eso el derecho penal era arbitrario.2
Durante siglos, la región de Sicilia estuvo dominada por un sistema feudal que explotaba a miles de campesinos mientras una minoría gozaba de privilegios. Estas circunstancias se consideran decisivas para el surgimiento de la mafia. Por otro, la conducta delictiva se revelaba como la única manera de obtener privilegios en una sociedad que los reservaba sólo para los ricos terratenientes aliados de las autoridades políticas; pues a falta de una estructura de gobierno organizada y capaz de proteger a los habitantes de la isla, éstos se vieron obligados a fortalecer los vínculos familiares como alternativa para obtener seguridad. Por esta razón los lazos de sangre son tan importantes en la mafia.
En el siglo XIX, surgió una figura clave: los gabellotti o recolectores de impuestos, que administraban las propiedades de los aristócratas. Ellos obtenían a cambio un porcentaje de las cosechas obtenidas, pero para acrecentar sus ganancias dividían las tierras en pequeñas áreas y las arrendaban a los campesinos, quienes también les otorgaban un porcentaje de la cosecha obtenida. De tal manera, los gabellotti cumplían la importante función social de mediadores entre los propietarios y los campesinos. Poco a poco se volvieron cada vez más poderosos e incurrieron en actos de corrupción: extorsionaban a los labriegos, se apropiaban indebidamente de pastizales para dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. Al mismo tiempo, de ellos dependía el abasto de alimentos en las ciudades, lo que les permitía llevar a cabo prácticas de extorsión y especulación en el mercado. Por esta razón se les considera a los gabellotti como antecedente directo de la mafia y su manera de hacer negocios.
Con la unificación italiana, la situación no mejoró y las promesas de bienestar y desarrollo se vieron incumplidas. Los jóvenes eran reclutados para el servicio militar y la mayor parte de la población vivía en la miseria, a merced de la nueva clase que ostentaba el poder político y económico. Una vez más, necesitaba hallar alguna forma de protegerse del gobierno y encontrar medios eficaces de subsistencia. La naciente mafia se reveló como la posibilidad más efectiva para lograrlo, cobró mayor fuerza y se fue estableciendo como un poder alterno.
En 1874 los índices de criminalidad en Sicilia habían crecido a un grado alarmante. El gobierno de Italia decidió poner orden y envió a cientos de efectivos militares a la isla. El conflicto provocó la caída del gobierno conservador y la emergencia de un gobierno de izquierda en el que la mafia se hallaba bien representada. La mafia siciliana se consolidó y ofreció al gobierno restablecer la calma en Sicilia. En realidad aprovechó la oportunidad para borrar del mapa a otros grupos enemigos.
La mafia, ahora aliada del Estado, aplastó movimientos obreros [cita requerida] y miles de personas abandonaron la isla en busca de mejores condiciones de vida; la mayoría a Argentina y Estados Unidos.
Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prácticas de la mafia en actividades ilegales y estrechar los lazos con los integrantes de la comunidad italiana. De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas estadounidenses que llegaron a rivalizar con la siciliana; florecieron con la llegada de la Ley Seca, en los años veinte.
Con el paso del tiempo, el término mafia se ha generalizado y, en la actualidad, se emplea para denominar a grandes grupos dedicados al crimen organizado u otras actividades sospechosas (por ejemplo la mafia rusa, la Tríada china o los Yakuza japoneses).
Etimología[editar]
Existen numerosas teorías sobre el posible origen de la palabra mafia, cuyo uso comenzó a extenderse a mediados del siglo XIX.3
Una hipótesis es que mafia procede del vocablo árabe mahya, ‘bravuconería, jactancia, chulería’.4 En refuerzo a esta teoría hay que recordar que los árabes ocuparon Sicilia entre los años 965 y 1060.
Otros creen más probable que este término provenga de la antigua expresión toscana maffia, que querría decir ‘miseria’. O del sustantivo árabe mu'afah, que significa ‘protección de los débiles’.
De acuerdo con algunas versiones, su primera mención aparece en un texto italiano del siglo XVIII contra la brujería, donde se le asociaba a las ideas de ambición y arrogancia. Otros etimólogos aseguran que es un vestigio del dominio árabe en Sicilia en el siglo IX, pues en esa lengua el vocablo mohios significa ‘hombre rudo y agresivo’.
En el siglo XIX cobró una nueva connotación. Cuando Giuseppe Garibaldi, el unificador italiano, viajó a Sicilia para integrarla a la Italia continental, tuvo que enfrentarse a rebeldes que él habría llamado «mafiosos».
Otros creen que el concepto alcanzó su significado actual en 1862 con el estreno de una obra teatral, llamada Los mafiosos de la vicaría. La popularidad de la obra fue tan grande que en Europa comenzó a llamarse mafia al crimen organizado, y ya en 1865 la policía usaba la palabra para referirse a esas agrupaciones.
Otros aseguran que 'mafia' es el acrónimo de la frase Mazzini Autorizza Furti, Incendi, Avvelenamenti (‘Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos’), en referencia a Giuseppe Mazzini, promotor de la unidad italiana. La mafia se habría iniciado como tal, según Heckethorn,5 a partir de una asociación de indigentes sicilianos que, bajo la tutela de Mazzini, comenzaron a organizarse y a realizar actividades criminales bajo la protección de la flota británica.
Wikipedia